UNAB y la Corporación Municipal de Ñuñoa reunieron a más de 100 directivos y docentes para fortalecer el liderazgo, la prevención y el trabajo colaborativo en las escuelas.
Como parte de sus iniciativas de vinculación con el medio, el equipo académico de Educación Continua y Proyectos Educativos de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello desarrolló una jornada formativa dirigida a más de cien directores, jefes de UTP, coordinadores de Convivencia Escolar y profesionales PIE, pertenecientes a 21 establecimientos educacionales de Ñuñoa.
La actividad, organizada en conjunto con la Corporación Municipal de Ñuñoa y realizada en el Liceo Carmela Silva Donoso, abordó tres ámbitos decisivos para la gestión escolar contemporánea: la construcción de una alianza estratégica entre las escuelas y las familias; el liderazgo directivo frente a situaciones críticas, con especial atención a las señales tempranas de riesgo; y el fortalecimiento de las capacidades de coordinación y trabajo en equipo.
La jornada fue conducida por los académicos Marcelo Chávez, Romina Oyarzún y Nicolás Torres. A lo largo del encuentro, los participantes analizaron el involucramiento de las familias y su incidencia en el clima escolar, revisaron herramientas para gestionar conflictos con apoderados y profundizaron en las responsabilidades institucionales frente a situaciones de violencia, vulneración de derechos y salud mental. También trabajaron con casos y mapas de señales de alerta, identificando los roles que corresponden a directivos, encargados de convivencia y equipos PIE, así como las posibilidades de articulación con las redes comunales.
El encuentro culminó con una experiencia vivencial de liderazgo orientada a la toma colectiva de decisiones y al fortalecimiento del trabajo entre profesionales y establecimientos. Esta última instancia permitió trasladar la reflexión desde el plano conceptual hacia una pregunta eminentemente práctica: ¿cómo respondemos como equipo cuando una comunidad educativa enfrenta una situación compleja?
Aunque la jornada abordó temáticas diversas, todas ellas convergieron en una misma idea: la convivencia educativa no comienza cuando aparece una denuncia o estalla un conflicto. Se construye mucho antes, en la calidad de las relaciones, en la capacidad que tenemos los adultos para advertir señales, en la claridad de las responsabilidades y en la capacidad que mostramos a diario para enfrentar nuestras dificultades.
Esta idea resulta especialmente importante en el momento que vive el sistema educativo chileno. Durante años, la convivencia escolar fue comprendida principalmente desde una lógica reactiva. Su expresión más visible era el reglamento, la clasificación de las faltas, la aplicación de sanciones y la intervención frente a casos críticos. Bajo esa mirada, el encargado de convivencia aparecía muchas veces como la persona a la que se derivaban los problemas una vez que estos ya habían alcanzado un nivel de gravedad difícil de gestionar.
Esa forma de organización permitió establecer normas y procedimientos necesarios, pero también produjo una comprensión limitada de la convivencia. La redujo, en muchos casos, a la administración de conflictos y concentró una responsabilidad institucional compleja en unas pocas personas.
Hoy estamos llamados a avanzar hacia una perspectiva diferente. No estamos frente a exigencias aisladas, sino ante un cambio integral en la forma de concebir la convivencia, que nos invita a rediseñar, con sentido y pertinencia local, cómo las escuelas cuidan, enseñan y construyen comunidad.
Las recientes leyes sobre convivencia, buen trato y bienestar; regulación de dispositivos móviles personales; y promoción del movimiento diario pueden parecer, a primera vista, reformas independientes. Sin embargo, leídas en conjunto, expresan una transformación más profunda. Las tres amplían la convivencia más allá del control de las conductas y la vinculan con el bienestar, la salud mental, la atención, el uso de la tecnología, el cuerpo, el juego, la participación y la calidad de los vínculos.
¿Qué significa esto? Que la convivencia no es solo un ambiente que la escuela debe cuidar: también es algo que se puede y se debe enseñar, porque nadie nace sabiendo escuchar, respetar límites, resolver conflictos, pedir ayuda o reparar un daño. Estas capacidades se aprenden mediante el ejemplo de los adultos, las normas, el diálogo y las experiencias cotidianas. Nuestra labor tiene que ver con eso: aportar a las proesoras y los profesores los conocimientos y las herramientas que les permitan construir buenas relaciones y vínculos de cuidado.
Uno de los temas centrales de la jornada fue la respuesta de los equipos frente a situaciones críticas. Cuando una escuela enfrenta un episodio de violencia, una vulneración de derechos o una crisis de salud mental, debe actuar con rapidez. Necesita proteger a las personas afectadas, respetar los procedimientos y activar oportunamente las redes de apoyo.
Los protocolos son indispensables porque nos sirven porque ayudan a evitar la improvisación, nos sirven para organizar la respuesta, son indispensables, además, para que haya siempre un debido proceso. Sin embargo, su sola existencia no garantiza nada.
Un protocolo puede indicar quién debe intervenir, pero no asegura que todas las personas conozcan su función. Puede establecer pasos y plazos, pero no garantiza que exista coordinación entre dirección, convivencia, UTP y PIE. Puede indicar que se debe escuchar a los involucrados, pero no crea por sí mismo la confianza necesaria para que alguien se atreva a contar lo que está viviendo.
Una escuela preparada no es la que acumula más documentos. Es la que logra convertir esos documentos en prácticas reales, que definan el tono de la convivencia y que hagan que la vida de todos sea mejor.
Esto exige formar a los equipos, revisar casos, aclarar responsabilidades y ensayar respuestas. También requiere mirar lo ocurrido después de cada situación difícil, aprender de la experiencia y corregir aquello que no funcionó.
El desafío es pasar del protocolo guardado en una carpeta al desarrollo de una verdadera capacidad institucional.
El trabajo sobre señales de alerta desarrollado en Ñuñoa permitió abordar otra dimensión fundamental: prevenir significa aprender a mirar.
Las situaciones graves rara vez aparecen sin antecedentes. Muchas veces son precedidas por cambios en el comportamiento, aislamiento, ausencias reiteradas, conflictos persistentes, alteraciones emocionales o una baja repentina en el rendimiento.
Cada señal, observada por separado, puede parecer poco importante. El problema es que muchas veces la información queda dispersa. Un profesor advierte un cambio, un asistente observa otro y la familia conoce un tercer antecedente, pero nadie logra reunir esas señales para comprender lo que está ocurriendo.
La detección temprana no consiste en vigilar a los estudiantes ni en convertir cualquier dificultad en un diagnóstico. Consiste en desarrollar una atención profesional y humana: observar, escuchar y reconocer cuándo una persona puede necesitar ayuda.
Para eso se requieren vínculos. Es más probable que un estudiante hable cuando encuentra un adulto disponible y confiable. Una familia comunica mejor sus preocupaciones cuando siente que será escuchada y no juzgada. Un docente pide apoyo cuando sabe que existe un equipo capaz de recibir su inquietud y actuar.
Por eso, la prevención no puede quedar solamente en manos de especialistas. La primera señal puede ser advertida por un profesor, una educadora, un asistente, un inspector, un compañero o una familia. La responsabilidad de la escuela es asegurar que esa información encuentre un camino y pueda transformarse en una respuesta oportuna.
La experiencia vivencial que cerró la jornada puso de relieve una idea que consideramos fundamental: liderar no significa tener todas las respuestas ni asumir personalmente todos los problemas.
Las situaciones que hoy enfrentan las escuelas son demasiado complejas para ser resueltas por una sola persona. La violencia, los conflictos familiares, las dificultades de salud mental y los desafíos de inclusión requieren distintas miradas y capacidades.
Un buen liderazgo no concentra todas las tareas. Organiza el trabajo, distribuye responsabilidades y crea las condiciones para que cada profesional pueda aportar desde su función.
Esto también obliga a revisar el papel de quienes coordinan la convivencia escolar. El encargado de convivencia no puede ser el receptor final de todos los problemas del establecimiento. Su tarea debe avanzar hacia la coordinación de un equipo y la articulación con dirección, UTP, docentes, asistentes, profesionales PIE, estudiantes y familias.
La convivencia no pertenece a una oficina. Se construye en las aulas, los patios, las reuniones, las conversaciones con las familias y las decisiones que se toman todos los días. Es una responsabilidad compartida, aunque cada persona deba saber con claridad qué le corresponde hacer.
La relación entre las escuelas y las familias fue otro de los ejes de la jornada. Sabemos que puede ser una relación difícil, especialmente en contextos de alta exigencia, donde existen muchas expectativas y una demanda constante de respuestas.
Cuando la relación se deteriora, la escuela puede comenzar a percibir a las familias principalmente como una fuente de conflictos. Las familias, a su vez, pueden sentir que solo son convocadas para recibir información o hacerse cargo de un problema.
Necesitamos pasar de una relación centrada en los problemas y las culpas a una colaboración permanente, en la que escuela y familia asuman responsabilidades complementarias.
Esto no significa desconocer las diferencias ni renunciar a la autoridad pedagógica. Significa reconocer que las familias poseen información indispensable sobre la historia y las necesidades de sus hijos, mientras la escuela aporta conocimientos profesionales y tiene responsabilidades que debe ejercer con claridad.
La alianza se construye cuando ambos saberes pueden encontrarse. Para ello se necesitan canales oportunos, reglas comprensibles y conversaciones que no comiencen únicamente cuando el problema ya se ha agravado.
Una escuela que solo se comunica con las familias para informar dificultades termina asociando esa relación con la sanción y la crisis. En cambio, una escuela que también comunica avances, explica sus decisiones y escucha preocupaciones construye confianza. Esa confianza se vuelve especialmente valiosa cuando aparece un conflicto.
En Educación Continua y Proyectos Educativos realizamos habitualmente jornadas de este tipo. Trabajamos con escuelas, municipios, servicios locales y otras instituciones porque buscamos que la formación genere cambios concretos en las comunidades educativas.
Nuestro propósito no es simplemente impartir una charla o entregar información. Queremos que las actividades permitan revisar prácticas, fortalecer a los equipos y abrir procesos que puedan continuar después del encuentro. La formación adquiere valor cuando logra traducirse en mejores decisiones y en nuevas formas de trabajar.
Pero esta relación también nos transforma a nosotros.
Cada vez que nos sentamos a conversar con directores, docentes, encargados de convivencia o profesionales PIE, aprendemos. Conocemos de primera fuente las dificultades que enfrentan, las respuestas que han construido y las razones por las que algunas medidas funcionan en una escuela, pero no necesariamente en otra.
Ese contacto directo nos ayuda a evitar que la universidad trabaje desde la abstracción. Las preguntas de los participantes, los casos que comparten y las dificultades que aparecen durante una jornada nos permiten revisar nuestras propias ideas y reconocer los aspectos en los que necesitamos seguir profundizando.
Todo ese aprendizaje vuelve a nuestros programas. Nos ayuda a actualizar los contenidos, mejorar los casos de estudio, diseñar herramientas más pertinentes y formar a nuestros estudiantes a partir de situaciones reales. También nos permite identificar nuevas necesidades y crear programas que respondan mejor a los desafíos actuales del sistema educativo.
Esta es, a mi juicio, una de las expresiones más valiosas de la vinculación con el medio. La universidad aporta conocimiento, formación y herramientas, pero también escucha, aprende y se deja transformar por su relación con las comunidades.
La jornada realizada en Ñuñoa fue parte de ese proceso. Buscamos entregar herramientas útiles a los equipos, pero también nos llevamos preguntas, experiencias y aprendizajes que enriquecerán nuestro trabajo futuro.
En un período muy breve, el sistema educativo chileno va recibir el impacto de tres reformas que inciden directamente en la vida cotidiana de los establecimientos: la Ley N.º 21.809, sobre convivencia, buen trato y bienestar; la Ley N.º 21.801, sobre uso de dispositivos móviles personales; y la Ley N.º 21.778, sobre movimiento diario durante la jornada educativa.
A primera vista, estas normas pueden parecer tres tareas diferentes: actualizar el reglamento, regular los celulares y organizar sesenta minutos de actividad física. Sin embargo, leídas en conjunto, muestran algo mucho más profundo. Las tres desplazan el centro de la convivencia desde una lógica principalmente reactiva y disciplinaria hacia una mirada pedagógica, preventiva, formativa e integral. La convivencia deja de ser el espacio al que se recurre cuando surge un problema y pasa a entenderse como la condición institucional que permite aprender, sentirse seguro, relacionarse con otros, cuidar la salud mental, usar la tecnología con criterio y habitar el cuerpo y los espacios comunes de una manera saludable.
Acá hay una gran oportunidad para el sistema educativo. Todas las escuelas van a tener que fortalecer sus equipos de convivencia, actualizar sus Planes de Gestión y sus Reglamentos Internos, para asumir el desafío de este gran cambio. ¿Qué hay que hacer para aprovechar esta oportunidad? Los cambios normativos nos van a obligar a revisar reglamentos, planes y procedimientos. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en actualizar documentos.
La tarea es aprovechar este momento para transformar las prácticas.
Las leyes pueden entrar en vigencia en una fecha determinada, pero las culturas escolares no cambian por decreto. Cambian cuando las comunidades comprenden el propósito de las transformaciones, prueban nuevas formas de actuar, observan sus resultados y corrigen lo que no funciona.
Por eso, cada establecimiento debe mirar su propia realidad. Algunas escuelas necesitarán fortalecer la relación con las familias; otras, mejorar sus canales de denuncia o aclarar las funciones de sus equipos. En algunos casos, el desafío será coordinar mejor convivencia, UTP y PIE. En otros, recuperar los recreos, mejorar el uso de la tecnología o abrir espacios de participación para los estudiantes.
La normativa entrega un marco común, pero el cambio solo se vuelve real cuando adquiere sentido y pertinencia local.
La jornada de Ñuñoa nos deja una convicción sencilla: la convivencia escolar no mejora únicamente cuando reaccionamos bien frente a una crisis. Mejora cuando desarrollamos la capacidad de advertir, escuchar, cuidar y actuar antes de que esa crisis ocurra.
Ese es el cambio que hoy necesitamos impulsar: pasar de administrar conflictos a educar la convivencia; de concentrar los problemas en unas pocas personas a construir responsabilidad compartida; y de cumplir normas a formar comunidades en las que cada estudiante y cada adulto pueda aprender, participar y sentirse cuidado.