Erika Castillo, decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, presentó ante autoridades del Ministerio de Educación el trabajo desarrollado por un amplio equipo académico para fortalecer el Programa de Integración Escolar, poniendo el foco en el lugar donde la inclusión se vuelve una realidad: la enseñanza y el aprendizaje en el aula.
El encuentro que tuvo lugar en el Salón Independencia, del Campus Casona de las Condes, refleja una convicción que orienta el trabajo de la Facultad: las universidades pueden y deben poner sus capacidades de investigación, análisis y formación al servicio de las políticas públicas que inciden directamente en la calidad y la equidad de la educación chilena. El PIE es, sin duda, una de ellas.
René Valdés, coordinador área de investigación del proyecto.
Durante buena parte del siglo XX, la respuesta del sistema escolar frente a la discapacidad y las dificultades de aprendizaje se organizó mediante un subsistema de escuelas especiales, separado de la educación regular. Esta concepción comenzó a transformarse durante la década de 1990, con la Ley N.º 19.284 y los primeros proyectos de integración, que abrieron las puertas de las escuelas comunes a estudiantes que hasta entonces permanecían fuera de ellas.
El cambio se profundizó durante los años siguientes.
El PIE, en su configuración actual, se consolidó con el Decreto N.º 170 de 2009 y su implementación desde 2010, articulando la evaluación de las necesidades educativas especiales con el financiamiento de los apoyos requeridos. A partir de entonces, el programa experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en una política estructural del sistema escolar chileno.
A este proceso se sumaron nuevos avances, como el Decreto N.º 83 de 2015, que impulsó la diversificación de la enseñanza y las adecuaciones curriculares; la Ley de Inclusión Escolar, promulgada ese mismo año; y, más recientemente, la Ley N.º 21.545, conocida como Ley de Autismo.
Actualmente, el PIE está presente en gran parte de los establecimientos que reciben subvención estatal y acompaña las trayectorias educativas de cientos de miles de estudiantes. Su extensión constituye uno de sus principales logros, pero también explica la importancia de revisarlo y fortalecerlo: se ha convertido en uno de los instrumentos más relevantes con que cuenta Chile para avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa.
A lo largo de dos décadas, distintas comisiones de expertos, mesas técnicas e investigaciones académicas han examinado el funcionamiento del PIE. Gracias a ello, el país dispone de una importante acumulación de conocimientos sobre sus avances, tensiones y desafíos.
Los distintos estudios han identificado, de manera reiterada, dificultades relacionadas con el acceso a los apoyos, el financiamiento, la continuidad de las trayectorias educativas, la carga administrativa y la preparación de los profesionales que participan en el programa.
Esta coincidencia plantea un desafío decisivo: la principal dificultad ya no se encuentra en la falta de diagnósticos, sino en la distancia que todavía existe entre la evidencia disponible y su traducción en transformaciones concretas dentro de las escuelas y las salas de clases.
Precisamente allí se sitúa el trabajo desarrollado por la Facultad de Educación y Humanidades. El equipo académico no buscó volver a diagnosticar problemas ampliamente conocidos, sino sistematizar la evidencia acumulada, identificar los principales nudos críticos del programa y proponer una agenda articulada de cambios para enfrentarlos.
Entre los desafíos analizados se encuentran la persistencia de un modelo de acceso a los apoyos centrado en el diagnóstico individual; la necesidad de revisar la arquitectura de financiamiento; las dificultades para dar continuidad a los acompañamientos entre los distintos niveles educativos; la sobrecarga administrativa, que reduce el tiempo disponible para trabajar directamente con los estudiantes; y una formación docente que todavía no integra la inclusión como una dimensión propia del oficio de enseñar.
El principal aporte de la propuesta consiste en poner en primer plano una dimensión que con frecuencia ha quedado subordinada a los aspectos normativos, administrativos y clínicos del programa: su componente pedagógico.
La inclusión no se produce únicamente porque un estudiante esté matriculado en una escuela regular o comparta físicamente una sala con sus compañeros. Para que exista una participación real, es necesario que ese estudiante pueda aprender, relacionarse, expresarse y progresar dentro de la comunidad educativa.
Esto exige prácticas de enseñanza diversificadas, evaluaciones orientadas al aprendizaje, planificación conjunta, trabajo colaborativo entre docentes de aula y educadores diferenciales, y una formación profesional que prepare efectivamente para enseñar en contextos diversos.
Poner la pedagogía en el centro significa comprender que el PIE no puede funcionar como un dispositivo externo o paralelo que entrega apoyos desde los márgenes. Debe integrarse al corazón del proyecto educativo de cada establecimiento y formar parte de las decisiones cotidianas sobre enseñanza, aprendizaje y participación.
La propuesta presentada al Ministerio es fruto de un esfuerzo académico colectivo y refleja el compromiso de la Universidad con el fortalecimiento de las políticas públicas educativas. Su propósito es contribuir a que la experiencia y la evidencia acumuladas durante más de dos décadas se traduzcan en una reforma coherente, integrada y capaz de proyectar el PIE hacia el futuro.
El eje de esa transformación debe ser pedagógico. La inclusión no se garantiza mediante normas, diagnósticos o recursos: se construye cada día en las prácticas de enseñanza y en las oportunidades reales de participación y aprendizaje que encuentran las y los estudiantes.
Por Ignacio Muñoz Delaunoy