Con una asistencia que superó las mil profesoras, profesores y directivos de establecimientos educacionales, se realizó en Arica el congreso organizado por la Asociación de Directores de Establecimientos Educacionales (ADEP), una de las convocatorias más masivas del último tiempo en la macrozona norte y una señal clara del interés que despiertan los cambios normativos que hoy están transformando la convivencia educativa en Chile.
La jornada fue inaugurada por Ignacio Muñoz Delaunoy, director de Educación Continua de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, junto a la SEREMI de Educación de Arica y Parinacota, Pía Urrutia Iglesias, quienes destacaron el valor de que sean los propios equipos directivos quienes se organicen para comprender y conducir estas transformaciones desde sus territorios.
El programa académico contempló las charlas centrales de los académicos Misael Letelier y Marcelo Chávez, orientadas a entregar a los asistentes claves de interpretación y herramientas prácticas para el trabajo en sus comunidades educativas.
Testimonio de Ricardo Vergara, director del Colegio San Jorge de Arica.
En poco más de un año, el sistema escolar chileno recibió tres leyes que tocan el corazón de la vida cotidiana de las escuelas:
Llegaron por caminos distintos y con lenguajes propios, pero comparten un mismo destinatario —la escuela— y un mismo horizonte. Leídas por separado, parecen responder a preocupaciones inconexas: el acoso, el celular, el sedentarismo. Leídas juntas, revelan un cambio más profundo: la convivencia deja de identificarse con la disciplina y los protocolos, y pasa a comprenderse como la condición institucional que hace posible el bienestar y el aprendizaje de toda la comunidad.
Ese giro tiene una expresión concreta en el lenguaje de la política pública: ya no hablamos de convivencia escolar, sino de convivencia educativa. No es un cambio de palabras. Es afirmar que convivir es, en sí mismo, parte de educar, y que el modo en que nos tratamos condiciona lo que se puede aprender.
Las exigencias son concretas y no menores. La Ley N.º 21.809 rediseña la organización interna: cada establecimiento debe contar con un equipo a cargo de la convivencia, liderado por un coordinador o coordinadora con formación o experiencia en el tema y, como regla general, con jornada completa y dedicación exclusiva —con excepciones razonables para establecimientos rurales, pequeños, de educación parvularia, con aulas hospitalarias o en contexto de encierro—. Exige, además, un plan de gestión de la convivencia con contenidos mínimos que ahora incorporan de manera explícita la salud mental; un reglamento interno con canales confidenciales de denuncia, procedimientos justos y medidas formativas y reparatorias; procesos participativos reales para su elaboración; y el reconocimiento del derecho de docentes y asistentes de la educación a trabajar en espacios seguros.
La buena noticia para los equipos directivos es que estas tres reformas no exigen tres sistemas paralelos. Convergen en un mismo instrumento: el plan de gestión de la convivencia educativa. La Ley N.º 21.778 pide expresamente que el movimiento se incorpore en ese plan, y la Ley N.º 21.801 se implementa a través del reglamento interno, que forma parte del mismo marco. La consecuencia práctica es organizativa: conviene conducir las tres leyes desde un mismo equipo, un mismo diagnóstico y un mismo calendario, en lugar de abrir tres proyectos que compiten por las mismas personas y el mismo tiempo.
Aquí aparece el verdadero desafío, que es de gestión del cambio más que de derecho.
Una ley se publica en un día; una cultura escolar cambia en años.
Entre la fecha de vigencia y la transformación real de las prácticas hay una distancia que las comunidades conocen bien: la que separa lo que la norma ordena de lo que efectivamente ocurre en las salas, los pasillos y los patios.
En muchos establecimientos sigue firme el paradigma punitivo, y conviven maneras de entender la convivencia tan arraigadas que amenazan con dejar la reforma en buenas intenciones y en documentos impecables que nadie siente propios. Convertir tres obligaciones legales en una sola transformación organizacional exige más que redactar protocolos: requiere un diagnóstico honesto, prioridades realistas, liderazgos capaces de sostener el cambio cuando aparece la resistencia y rutinas nuevas que se instalen hasta volverse parte del modo de ser de la escuela.
Ese es, precisamente, el trabajo que las leyes no pueden hacer por sí solas y que ninguna circular reemplaza.
La pregunta que conviene instalar en los equipos no es «¿cómo cumplimos esta ley?», repetida tres veces, sino una sola: ¿qué tipo de convivencia queremos sostener, y cómo nos ayudan estas tres leyes a construirla?
Congresos como el de Arica, convocados por los propios directores, muestran que esa pregunta ya está instalada. El desafío ahora es acompañar a las comunidades para que la respuesta llegue al aula.