El seminario “Derecho a la inclusión educativa: ¿en qué estamos hoy?”, organizado por la carrera de Educación Diferencial y el área de Educación Continua de la Facultad de Educación y Humanidades de la UNAB, reunió a la UNESCO, al Ministerio de Educación, a fundaciones de la sociedad civil y a la comunidad académica para revisar cuánto ha avanzado Chile y qué sigue pendiente.
Más de 620 mil estudiantes chilenos reciben hoy apoyos de educación especial. Son casi uno de cada cinco escolares del país. Pero, ¿se traduce esa cifra en escuelas verdaderamente inclusivas?
Esa fue la pregunta que recorrió el seminario “Derecho a la inclusión educativa: ¿en qué estamos hoy? Los desafíos actuales para las instituciones educativas”, realizado el jueves 8 de octubre en el Auditorio Aznar del Campus Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello.
La jornada fue una actividad conjunta de la carrera de Educación Diferencial y del área de Educación Continua de la Facultad de Educación y Humanidades. Fue inaugurada por el director del Departamento de Educación, Luis Osandón, y cerrada por la directora de la carrera de Educación Diferencial, Norma Drouilly. Asistieron la directora de la Escuela de Formación Docente, Daniela Maturana, académicos de la Facultad, estudiantes y profesionales de comunidades educativas.
La jornada se organizó como un acercamiento progresivo: partió del principio que funda la inclusión, pasó por la región y por el país, y terminó en la experiencia concreta de estudiantes, familias y escuelas. En cada tramo reapareció la misma pregunta: qué tan lejos está el derecho de la vida cotidiana en las aulas.
El punto de partida lo fijó María Soledad Cisternas Reyes, Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, quien recordó que la educación inclusiva no es una concesión ni una política focalizada, sino un derecho humano exigible, reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ratificó en 2008. A partir de los datos del sistema regional SIRIED, Alejandro Vera-Mohor, de la Oficina Regional de la UNESCO, mostró que en América Latina el acceso a la escuela sigue siendo desigual y que las trayectorias de los estudiantes con discapacidad se debilitan a medida que avanzan de nivel, por lo que garantizar el derecho exige transformar los apoyos, las prácticas pedagógicas, las capacidades profesionales y los sistemas de información. En el caso chileno, Jocelyn Villán Medina, referente técnica nacional de Atención a la Diversidad del Ministerio de Educación, destacó que, aunque la matrícula escolar disminuye, los estudiantes en el Programa de Integración Escolar llegaron en 2025 a 473.834, el 13,4 % del total; reconoció, sin embargo, que la cobertura no basta y que los desafíos pendientes están en el liderazgo directivo, la codocencia, la cultura inclusiva y una formación docente que prepare antes y no reaccione después.
Las dos exposiciones siguientes pusieron rostro a esos desafíos. Francisca Cabrera Araya, de la Fundación WAZU, advirtió que, pese a que la Ley 21.545 amplió en 2023 los derechos de los estudiantes autistas, los registros de la Superintendencia de Educación muestran incumplimientos que ponen en riesgo sus trayectorias escolares, y propuso abordar la desregulación desde la comprensión y el apoyo pedagógico en lugar de la sanción. Irma Iglesias Zuazola, presidenta de la Fundación Down 21 Chile, llevó la discusión a la sala de clases y planteó tres transformaciones urgentes: un acceso sin selección ni condiciones, apoyos que sigan a la persona y no al diagnóstico, y una enseñanza multinivel que piense cada clase desde el inicio para todos. Su advertencia sobre proyectos de ley que, a su juicio, podrían reabrir la selección recordó que lo ganado también puede perderse.
Con ese mapa a la vista, el panel moderado por Lilia Siervo e Ignacio Muñoz Delaunoy reunió los hilos de la mañana en torno a los nudos que el sistema necesita destrabar:
La jornada se cerró donde debía: con la reflexión de Norma Drouilly sobre lo que todo ello exige a las universidades que forman a los futuros profesores.
La pregunta del seminario admite dos respuestas que parecen contradictorias y que son verdaderas a la vez. Chile ha avanzado como pocos países de la región: en 2025, al menos 622.075 estudiantes recibían apoyos de educación especial, el 17,6 % de la matrícula. Mientras en buena parte de América Latina el problema sigue siendo la exclusión, Chile identifica y atiende a muchos más. Pero buena parte de ese sistema sigue funcionando con una lógica anterior a las que es proclamada a nivel del discurso público.
Esa lógica tiene nombre: integración. Integrar es traer al estudiante a la escuela; incluir es cambiar la escuela para que sea de todos. Chile ha hecho lo primero con más éxito que lo segundo, y la razón principal está en su financiamiento. La subvención de educación especial se paga por cada estudiante con un diagnóstico certificado. El recurso sigue a la etiqueta y no a la necesidad, y los equipos especialistas dedican buena parte de su tiempo a evaluar y documentar en lugar de trabajar junto a los profesores. No por casualidad, una de las ideas más potentes de la jornada fue invertir esa secuencia: primero identificar las barreras, luego diseñar los apoyos y desplegarlos en la sala común, para todo el curso.
A ello se suma un sistema fragmentado. Chile no reemplazó el modelo anterior de educación especial: le sumó uno nuevo. Hoy conviven escuelas especiales y de lenguaje, el PIE en las escuelas subvencionadas y, desde 2023, colegios particulares pagados obligados a incluir sin financiamiento público. El apoyo que recibe un estudiante depende más de la escuela a la que asiste que de lo que necesita. La pregunta de fondo no es si las escuelas especiales deben existir o desaparecer, sino qué función deberían cumplir en un sistema inclusivo. Experiencias como la de La Pampa, en Argentina, donde se transformaron en escuelas de apoyo a la inclusión, muestran que hay caminos intermedios.
Las leyes recientes ilustran otra brecha: la que separa los derechos de las capacidades. La Ley 21.544 y la Ley TEA ampliaron derechos en 2023, pero no trajeron recursos ni profesionales suficientes. Cuando una escuela no está preparada, la respuesta frecuente ante una crisis es la sanción o la jornada reducida. Y los datos de asistencia muestran que estar matriculado no es lo mismo que pertenecer: menos de la mitad de los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asiste al menos al 90 % de las clases.
Para la Facultad de Educación y Humanidades, el seminario confirmó una convicción que ya orienta nuestro trabajo: si la inclusión exige que la escuela cambie, ese cambio pasa por los profesores. Esa convicción guía la formación de nuestros educadores diferenciales, llamados a dejar de ser solo certificadores de diagnósticos para convertirse en codocentes y asesores de toda la comunidad. Y sabemos que la responsabilidad no termina ahí: el profesor de Matemática, de Historia o de Lenguaje también necesita saber enseñar a estudiantes diversos.
Chile ya dio el paso más difícil: reconocer la inclusión como un derecho. El desafío de los próximos años es que ese derecho deje de depender de la escuela a la que cada estudiante logra llegar, y se convierta en una experiencia cotidiana en todas las aulas del país.